65 Rev. Der P.R. 211
Revista de Derecho Puertorriqueno
2025
Artículo
Abraham Alexandre Valentín Vegaa1
Copyright © 2025 by de la Revista de Derecho Puertorriqueño; Abraham Alexandre Valentín Vega
LA JUSTICIA TERAPÉUTICA COMO ALTERNATIVA PARA PRIVADOS DE LIBERTAD NO USUARIOS DE SUSTANCIAS: CONTRASTE ENTRE LA REGLA 247.2 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL Y LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL DERECHO A LA REHABILITACIÓN
Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos.1
 
Introducción
La Constitución de Puerto Rico dispone que el derecho a la rehabilitación es base fundamental de toda persona privada de su libertad.2 La libertad, igual que la propiedad y la dignidad humana, es un derecho fundamental protegido ampliamente por nuestra constitución.3 Hace pocos años se promulgó la Ley Núm. 83 del 19 de marzo de 2018, conocida como Ley para añadir la nueva regla 247.2 en las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, a los fines de establecer un denominado desvío terapéutico.4 Sin embargo, considerando que el tema resulta bastante desconocido por la comunidad en general, y a veces puede existir una percepción de estar siendo desatendido--o desentendido--dentro de la propia comunidad jurídica, urge la necesidad de exponerlo y abrir la discusión para ubicar esta figura jurídica en el sitial de consideración apropiado dentro del derecho penal y los derechos fundamentales de todo imputado, acusado o convicto de delito. Más allá de las ideas que el legislador local ha *212 aportado en este tema, en los últimos años se han propuesto e implementado, en Puerto Rico y en jurisdicciones cercanas, varios modelos que hacen imprescindible discutir el tema de la Justicia Restaurativa en otros aspectos, como mecanismo indispensable para adelantar los intereses de las personas acusadas o convictas de delitos, así como la política pública sobre la rehabilitación de personas privadas de libertad en nuestra jurisdicción. Parte de esta discusión nos obliga fundamentalmente a dirimir sobre la disponibilidad de modelos alternativos a la reclusión, y otras innovaciones que pueden ser incorporadas como parte del proceso de rehabilitación. Para esto, y como elemento esencial de este artículo, debemos discutir y responder si existe la justicia terapéutica o restaurativa en Puerto Rico, y si los modelos implementados han dado resultados. Además, debiéramos discutir cuáles, si algunas, debieran ser las propuestas a considerarse para atender adecuadamente las disposiciones de ley a tales fines, y así cumplir con nuestra aspiración social de promover la consecución plena y el respeto de los derechos fundamentales que tiene todo ser humano, sobre todo a su libertad y la rehabilitación.
 
I. Derechos y Garantías Constitucionales de las Personas Privadas de Libertad
Nuestra Constitución establece que la dignidad del ser humano es inviolable, y que todos los hombres son iguales ante la Ley.5 No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas y religiosas.6 Tanto las leyes como el sistema de educación pública encarnan estos principios de esencial igualdad humana.
 
De otra parte, la Constitución de Puerto Rico establece que toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.7 De igual manera, dispone que:
Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin *213 debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. [ ... ].8

La rehabilitación, como derecho fundamental protegido constitucionalmente para toda persona privada de libertad, exige del Estado, por medio de sus instrumentalidades penitenciarias, desarrollar e implementar mecanismos que adelanten la rehabilitación dentro de las instituciones carcelarias. Lo anterior se fundamenta teniendo como objetivos principales la reconstrucción social posterior entre la persona enjuiciada por delito y las víctimas del delito, así como la reinserción social, familiar y laboral de aquellos privados de libertad una vez extingan sus sentencias, o que alcancen la etapa de extinción de sus sentencias a través de mecanismos de libertad supervisada, programas de desvío u otros medios disponibles bajo nuestro estado de derecho vigente.9
 
De otra parte, el artículo cinco, sección diecinueve de nuestra Constitución indica que, en la medida en que los recursos lo permitan, “será política del Estado Libre Asociado reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva, y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.10
 
Sin embargo, al contrastar este texto constitucional, su objetivo y su implementación, no trasciende del mismo texto que la rehabilitación sea, en sí misma, un modelo alternativo para la imposición de pena, sino que su objetivo entra en operación, y se activa como derecho fundamental, una vez iniciada la ejecución de la pena, no resultando en el fundamento único para su imposición.11 A pesar de este mandato sustantivo de nuestra constitución, “es labor de los operadores jurídicos y de los órganos jurisdiccionales el darles contenido material”.12
 
*214 Muchos escritos jurídicos hacen referencia a las personas privadas de libertad como el sector poblacional más vulnerable en sinnúmero de aspectos sociales y jurídicos, convirtiéndolo en un grupo altamente estigmatizado, olvidado y despreciado, el cual depende del compromiso del Estado, y cuyo contraste nos deja en la expectativa de postular un rol gubernamental más democrático y constitucional.13
 
El hecho mismo de que, a lo largo de los siglos, se les ha nombrado por diferentes sustantivos, ya les hace víctimas de un sistema social, judicial y penitenciario que los margina, discrimina y estigmatiza. Algunos ejemplos utilizados son: reo, preso, confinado, cliente, encarcelado, recluido, cautivado, encapsulado, encerrado, restringido y delincuente. Si nuestra sociedad pretende aspirar a un cambio significativo en este aspecto, debemos comenzar por adjudicar un modo digno de nombrarles. Por nuestros principios y valores, lo sugerido sería llamarles personas privadas de libertad, como adjetivo o sustantivo, de modo más digno.
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Opinión emitida en el caso Pueblo v. Pérez Zayas, ha interpretado la cláusula constitucional contra castigos crueles e inusitados, afirmando que ésta requiere penas que sean proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, así como la imposición de penas no arbitrarias.14 En otras palabras, exige que se adjudique la imposición de la pena menos restrictiva de libertad posible, para alcanzar el fin por el cual es impuesta.15
 
Según Zambrana González, el sistema de bonificaciones por buena conducta, al igual que las bonificaciones de sentencias por estudio y trabajo, constituyen un sistema penológico de retribución positiva de avanzada--sistemas de méritos--, dirigidos al logro de objetivos en el plan individualizado de resocialización y reinserción social del privado de libertad.16
 
Daniel Beltrán Torres en su columna Enmiendas al sistema de bonificaciones y el proceso de rehabilitación penal, citando a Zambrana *215 González, nos dirige de manera particular en cuanto al contraste y los cambios que ha sufrido nuestro sistema penal en Puerto Rico con relación al acceso de un individuo privado de libertad a bonificaciones automáticas en los diferentes códigos penales, enmendados, derogados y vigente:
En un mundo tan competitivo como en el que vivimos, donde la educación básicamente del individuo se desarrolla principalmente a partir de premios y castigos según las acciones realizadas, la motivación que puede crear la reducción de una sentencia por las acciones positivas de la persona es un aspecto neurálgico en el proceso de rehabilitación. Más aún, cuando nos encontramos en sistemas en los cuales la expansión de la severidad de las penas puede desanimar a cualquiera en un proceso tan complejo como es la resocialización dentro de un ámbito tan represivo y abrasivo como es el de la prisión.17

En el Octavo Congreso sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Ofensores de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, “ONU”), recomendó que la “reclusión debe ser usada como una sanción de última instancia”.18 En ese sentido, el pleno del organismo internacional expresó que, en reconocimiento del principio de respeto por los derechos humanos, las instituciones de reclusión deben garantizar las condiciones mínimas de humanidad y respeto por la dignidad del ser humano.19
 
Habiendo sentado las bases para perpetuar su posición sobre el tema, el cual procuró refrendar en futuros Congresos, la ONU expuso en el Octavo Congreso sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Ofensores, que deberían proveerse métodos de control penal *216 alternativos a los tradicionales, entre estos la educación a la comunidad, el trabajo y otras oportunidades de ocio constructivo, ayudas a los socialmente inadaptados, supervisión restringida, restitución, mediación y cualquier otro método alterno de solución de disputas.20 Todas las anteriores son menos restrictivas de libertad que el confinamiento.
 
Además, ya para este Congreso--en el año 1990--se discutía y recomendaba, para la implementación individual por parte de los Estados miembros, la adopción de programas y leyes dirigidas a la despenalización de ciertas conductas que hasta entonces eran consideradas y clasificadas como punibles.21
 
II. El Concepto de la Justicia Restaurativa o Terapéutica
Por nuestra naturaleza territorial y relación política con los Estados Unidos, una de nuestras fuentes principales en materia de derechos civiles emana del derecho jurisprudencial norteamericano.22 En tal sentido, tendencias del derecho penal en Estados Unidos desde finales de siglo veinte han dirigido a la formación y desarrollo de nuevos modelos para atender la rehabilitación de acusados y sentenciados de delitos, y entender el proceso penológico como uno integrativo y sanador, más que uno de castigo, y como consecuencia, esas tendencias han percolado en nuestro derecho sustantivo.23
 
A grandes rasgos, el modelo de justicia restaurativa o terapéutica, o sistema integral, como le conocen en algunos países, va dirigido a: (1) la consecución de la verdad; (2) la justicia; (3) la reparación; y (4) la no repetición de actos delictivos (o recidiva penológica).24 Algunos *217 tratadistas en otros países han acuñado el concepto como: Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo.25 Sin embargo, en lo que respecta a su aplicación en nuestra jurisdicción, preferimos no hacer distinción alguna entre los conceptos de justicia restaurativa y terapéutica. En términos generales, y al entendimiento de este autor, la diferencia es una puramente linguística debido a la traducción latina del concepto therapeutic jurisprudence usado en el derecho anglosajón.
 
Como marco teórico, se atribuye el desarrollo de la justicia terapéutica en Estados Unidos y Canadá para inicios de 1970, y cuyo nacimiento es adjudicado a un torrente filosófico propuesto por David Wexler y Bruce Winick.26 Sin embargo, dentro del sistema de justicia, comenzó a ver la luz en la década de 1980, ante la inquietud del sector académico de estudiar la conducta humana penológica dentro de un contexto multidisciplinario, del cual surge como aspiración principal la convergencia entre la aplicación de la ley y el problema de la salud mental de las personas procesadas de delito.27
 
Su enfoque estaba originalmente dirigido a tratar personas con problemas de salud mental y de adicciones mediante programas de tratamiento, en lugar del encarcelamiento.28 La popularidad que fue adquiriendo pronto le ganaría gran atención y adeptos para ser adoptado en países como Noruega, Reino Unido, Australia, Holanda, Alemania, Finlandia, Austria, Francia, Escocia, Bélgica, Nueva Zelanda, y España. Más tarde se unirían Rusia, Dinamarca, Luxemburgo, Hong Kong, Sudáfrica, Hungría, Budapest, y varios otros.29
 
*218 Este modelo integraba las disciplinas de la salud y las ciencias sociales en el desarrollo del derecho penal, sin perjuicio de los fines de la imposición de justicia dentro del sistema judicial, ni de la responsabilidad que debe asumir todo implicado, acusado o convicto de la comisión de un delito ante la sociedad.30
 
Uno de los objetivos del modelo de Winick y Wexler procura el desarrollo humanista en la aplicación de la ley, mirando el lado humano, emocional y psicológico de la misma en los procesos legales.31 De esta manera se promueve el bienestar de las personas y mejora la calidad de vida, tanto de las víctimas como de los imputados de comisión de delito, y la propia sociedad. En este sentido, el Juez cumple un rol de agente terapéutico, poniendo al servicio del sistema judicial y de procesamiento penal sus habilidades, empatía, atención y trabajo en equipo para promover adhesión al tratamiento, alcanzar la rehabilitación del individuo, disminuir o eliminar los factores de riesgo que lo llevan a cometer delitos, y a evitar la recidiva penológica y reincidencia criminal.32
 
La transformación de los individuos y de la sociedad surge como resultado directo de la utilización del modelo terapéutico o restaurativo en el procesamiento penal, ya que se replantea la misión de impartir justicia con un enfoque más humanista, donde las ciencias de la conducta, las teorías sociales y el conocimiento científico se incorporan en el proceso--desde la creación de la ley misma, hasta la impartición de justicia--, incluso durante el cumplimiento de la sentencia.33 Esto resulta favorable en términos de la intervención con fines terapéuticos, incrementando la consecución de estabilidad en la salud mental y el bienestar emocional de todos los involucrados, incluyendo los operadores del derecho.34
 
La justicia restaurativa se refiere a una forma de responder al delito, u otros tipos de conductas ilícitas, injusticias o conflictivas. Además, se centra en reparar el daño causado por la acción ilícita y, en la manera mejor posible, restaurar el bienestar de todos los involucrados.35 El *219 objetivo de un proceso restaurativo eficaz es participar en las tres fases del proceso penal: instrucción, enjuiciamiento y ejecución.36 Existen tres pilares de la justicia terapéutica: daño y necesidad, obligación, compromiso.37
 
El proceso de justicia restaurativa o terapéutica se ejecuta en tres modelos: preventivo, restaurativo y reintegrativo.38 Es, entonces, un proceso para resolver el problema de la delincuencia enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto.39
 
En su origen, lo definían más como un modelo de mediación. Tratadistas han propuesto la mediación como un “mecanismo alternativo al proceso penal por medio del cual un tercero neutral trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el conflicto originado por el delito”.40
 
Este enfoque terapéutico y salubrista fue exitosamente reconocido para atender grupos poblacionales y menores con adicciones de drogas.41 Como consecuencia, fue ganando gran aceptación en ciertos sectores de la comunidad jurídica, siendo promovido rápidamente para atender acusados y procesados penalmente por otros tipos delitos.42
 
III. Modelos de Justicia Restaurativa
A. Modelos en el Derecho Internacional Público
Ya hemos mencionado cómo la ONU, a través de su Congreso sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Ofensores, ha promovido políticas entre sus Estados miembros, dirigidas a desarrollar *220 mecanismos para la implementación de medidas de justicia alternativa a la reclusión.43 A lo largo de los años, parece ser que sus iniciativas de la década de 1990 comenzaron a cimentar una política concreta sobre este asunto.
 
De otra parte, el Decimoprimer Congreso sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU en el año 2005, celebrado en Bangkok, ratificó entre sus Estados miembros la importancia de desarrollar políticas, procedimientos y programas de justicia restaurativa que incluyan alternativas a los procesos judiciales.44
 
En el año 2006, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito desarrolló un Manual sobre programas de justicia restaurativa.45 Este sirve de base para definir el concepto, principios, objetivos, garantías, enfoque, metodología, e incluye un proyecto modelo y marco normativo de implementación y monitoreo.
 
En la última década, la Organización de Estados Americanos ha estado apoyando a algunos países miembros para el desarrollo y la consolidación de programas de justicia terapéutica dirigidos a atender aspectos judiciales en población de adolescentes con problemática de uso de drogas, específicamente en Perú y en México.46 Sin embargo, de acuerdo con su Plan Estratégico 2023-2027, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos está dedicando gran parte de sus esfuerzos y recursos a otras iniciativas de derechos humanos, quedando un tanto rezagada la promulgación y desarrollo de política dirigida a programas de justicia *221 terapéutica en sus demás países miembros.47 Dado lo anterior, y tratándose de modelos propuestos, cada país, a voluntad propia, tendrá su variación, su idiosincrasia y expondrá su propio marco legal.
 
B. Modelos en Estados Unidos y Canadá
La llegada de esta corriente filosófica al continente norteamericano tuvo gran arraigo en varias jurisdicciones estatales, donde prontamente se desarrollaron mecanismos judiciales para atender la problemática social que surgía del procesamiento y convicción de personas que cometían delitos, particularmente asociados a adicciones por consumo de drogas ilícitas y alcohol.48
 
En Ontario Canadá, ya para el año 1974 se discutía un caso en el cual un Tribunal ordenó una sentencia de Justicia Restaurativa.49 Los hechos señalan a dos jóvenes por actos vandálicos a veintidós propiedades de una comunidad. Durante el proceso judicial, un funcionario de libertad condicional convenció al Juez para que, tras dictar sentencia, propusiera que los muchachos se reunieran con todas las víctimas y les restituyeran por sus daños como condición para acceder a la libertad condicional. Fue tal su éxito, que sentó la base para la creación del primero de muchos programas de reconciliación entre víctimas y delincuentes.50
 
Ya para inicios de la década de 1990 las cortes canadienses practicaban asertivamente la tesis de que el individuo que cometía ciertos delitos no podía ser visto como un criminal, sino como alguien necesitado de ayuda especializada, con cuyo impacto se atienden ambos problemas, su propia conducta delictiva, y la sociedad afectada por el acto cometido por este.51 Esto fue movilizando las políticas públicas, que hasta ese entonces atendían solo un modelo prohibicionista de perseguir, penalizar y castigar, hacia uno salubrista de tratamiento y rehabilitación.
 
Centrado en el impacto de la ley y sus efectos en aspectos emocionales y de bienestar psicológico de las personas, el enfoque fue desarrollándose, tomando en consideración el lado humano de la ley y de los procesos de justicia penal. Vista como una fuerza social, la ley *222 produce comportamientos y consecuencias que alcanzan la capacidad de modificar conductas. A veces positivas y otras veces negativas. Sin embargo, el conocido padre del concepto de justicia terapéutica se reafirma en que no es un modelo paternalista ni coercitivo, sino uno que adelanta el pensamiento crítico necesario para incentivar la creación de leyes, para promover su aplicación en el ejercicio del derecho y del procedimiento criminal.52
 
Si bien es cierto que su origen data de una época en la cual el problema de adicción y abuso de drogas y alcohol entre jóvenes iba en escalada, su contemplación fue más bien dirigida a atacar el problema de su raíz y no meramente desde el panorama punitivo por la comisión de actividades ilícitas. Esto permitiría evitar otros problemas mayores, como lo son la reincidencia, la marginación y rechazo social, y engendrar otras conductas violentas--a veces desarrolladas dentro de la cárcel--, fueran o no asociadas al uso y abuso de sustancias, entre otros.
 
Las leyes de salud mental fueron preámbulo de este desarrollo. Pero, fue más allá al incorporar otros marcos legales, como, por ejemplo, leyes de familia, de violencia doméstica, de menores, que forman más bien parte del derecho público, así como otras áreas de derecho privado, como son las de daños y perjuicios. El elemento en común siempre ha sido la compensación y reparación del daño, así como la responsabilidad del transgresor de la ley ante el Estado y la Sociedad.53
 
En Miami, Florida para el año 1989, un Magistrado apoyó esta tesis en su corte, al procurar solucionar a largo plazo el problema de abuso de sustancias y alcohol entre menores de edad, romper el ciclo de adicción para alcanzar su rehabilitación, evitar la recidiva penológica y disminuir la reincidencia en el sistema, logrando su integración exitosa a la sociedad. Inicialmente estuvo ligado a conflictos, pues su propuesta de una Corte de Drogas tuvo muchos detractores.54
 
Una década después, sus resultados positivos la fueron convirtiendo en una tendencia nacional, principalmente por el evidente vínculo entre la comisión de delitos contra personas y propiedad y el abuso de sustancias, validado por estudios y estadísticas de la época, gracias a proyectos de investigación liderados por jueces retirados en sus nuevos roles como profesores universitarios.55 Los hallazgos no solo discutían *223 el efecto de disminución en la reincidencia, sino también aspectos como los elevados costos al Estado para mantener una persona dentro de una institución penitenciaria versus el costo de someterlo a un proceso de tratamiento, con sus resultados y beneficios a largo plazo--modelo de tratamiento versus castigo.
 
Durante la década de 1990, otras ciudades, como Philadelphia y New Jersey, se unieron al movimiento filosófico, dando espacio a iniciativas más amplias para atender el asunto, como proponer medidas de despenalización, integrar tratamiento médico y trabajo, terapias grupales supervisadas, fomentar la complexión de grados escolares, y crear programas de monitoreo y seguimiento que fueran más allá de la mera adjudicación o sentencia judicial.56 Aun así, algunos consideraban estos programas como coercitivos, no quedando atrás las controversias en las discusiones de las asambleas legislativas estatales.
 
El Estado de Connecticut poco después adaptó el modelo en sus Cortes Juveniles para incluir modalidades de trabajo voluntario, disminuyendo las múltiples restricciones que modelos de otras jurisdicciones contenían, y que a largo plazo imponían estrictas normas de difícil cumplimiento.57 Su enfoque estuvo cimentado en atender la problemática judicial sobre todo en acusados de crímenes no violentos.
 
Para el año 2002, los funcionarios judiciales del Denton County, en Dallas, Texas, utilizaron un innovador programa en sus cortes juveniles, donde un simulado aparato judicial estaba compuesto por personas menores de edad en el rol de juzgador, defensores, ministerio público, y jurados, escogidos entre pares del joven sometido al proceso judicial.58 Jóvenes con características demográficas similares, a veces hasta conformados por propios compañeros de escuela y de su comunidad inmediata. Posteriormente, fueron integrando en el proceso judicial a maestros, trabajadores sociales, consejeros, psicólogos escolares, los padres, y oficiales del orden público vinculados al caso.59
 
Todos estos desarrollos positivos se fundaron bajo el interés apremiante del Estado de proteger el bienestar de los menores.60 A su *224 vez, trajo consigo arraigo a una perspectiva integrativa y multidisciplinaria para lograr implementación eficaz de programas de tratamiento, modificación de conducta y prevención de la delincuencia mediante la aplicación de los principios de la Teoría de Aprendizaje Social de Albert Bandura, respondiendo a las necesidades del sujeto y su responsabilidad familiar, personal y social.61
 
No mucho más tarde, ya se observaban modelos híbridos para integrar el asunto judicial y penal con el modelo de tratamiento mental, a través de Cortes especializadas en Salud Mental, Violencia Intrafamiliar, Drogas, entre otras. Con un fin no muy distinto a lo aquí discutido, pero, haciendo énfasis en la necesidad de un seguimiento terapéutico a largo plazo posterior al proceso judicial.
 
Esto hacía imperativa la integración de agencias gubernamentales de asistencia económica, vivienda pública, servicios de salud, y atender muchas otras necesidades como adiestramiento formal o vocacional, y servicios de empleo.62 El mismo modelo permitió desarrollar programas similares, pero para personas privadas de libertad que estaban por extinguir sus sentencias, de tal manera que pudieran alcanzar una pronta y satisfactoria reintegración en la sociedad.63
 
C. Algunos modelos en otros países
Siendo considerado como un sistema opuesto al tradicional retribucionismo del ordenamiento penal español, la justicia restaurativa no obtuvo buena acogida en España de primera intención.64 La crítica principal iba dirigida a la exclusión parcial o total del Estado en el proceso, dando total protagonismo a las partes, lo cual algunos tratadistas aducen que tiene consecuencias no deseadas para la víctima, y dejando a un lado el principio del ius puniendi potestativo y exclusivo del Estado.65
 
El concepto ya era bastante conocido en las comunidades jurídicas europeas desde inicios de la década de 1990, tras haber sido acuñado en el Congreso Internacional de Criminología celebrado en Budapest en *225 1993, y en los Congresos Internacionales de Victimología celebrados en Australia en 1994 y en Ámsterdam en 1997.66 De igual manera, cobraba interés y relevancia por otras iniciativas, como la del Décimo Congreso de la ONU sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente en el 2000, cuya política sobre el tema ya había sido esbozada en el Octavo Congreso en la Habana cinco años antes, y discutido por este autor previamente.67
 
Poco a poco fue evolucionando la comprensión de este modelo, hasta entender cómo el proceso restaurativo configura en sí mismo un modelo retributivo, toda vez que la víctima es un actor primordial para el alcance y la consecución de la resolución del conflicto, mediante un mecanismo de mediación.68 Su evolución en el sistema judicial español dependió entonces de transfigurar el proceso de uno menos adversativo a uno más comunicativo entre las partes afectadas, procurando acción afirmativa de su política pública, en el rol de un Estado interesado en el bienestar general.69
 
Su éxito posterior estuvo marcado por la iniciativa española de las llamadas Conferencias de Mediación, en las que se integraban las víctimas, la familia, el aparato de seguridad pública, así como terapeutas, durante cada una de las diferentes etapas del proceso judicial, bajo la continua supervisión y trámite del Estado, logrando incorporar cambios recientes y noveles en su Ley de Enjuiciamiento Criminal.70
 
Organizaciones en España, como la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, han asumido el rol social de promover servicios y asistencia a víctimas y transgresores de la ley para alcanzar soluciones de conflictos menos punitivas y que no incluyan ingreso penitenciario.71 No obstante, España sigue siendo hoy en día una jurisdicción penal muy *226 reservada a los procesos restaurativos de esta índole.72 Además, se mantiene carente de política pública precisa que aporte mecanismos loables a la administración de la justicia terapéutica.73
 
En ese estricto sentido, la Juez Sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Silvia María Rosales Pedrero, discute en una ponencia suya, titulada La introducción de la justicia restaurativa en el sistema jurídico penal, el aspecto de la denominada victimización secundaria, como perjuicio derivado del proceso terapéutico de las víctimas de violencia intrafamiliar. A su entender, esto “agudiza los efectos del delito y profundiza generalmente en la estigmatización de la víctima”.74 Asimismo, sostiene que este efecto no debe relegarse a un segundo plano, pues no alcanzaría a satisfacer el noble propósito de la justicia restaurativa en cuanto a la víctima, con quien hay que contar para que funcione y produzca resultados.75
 
De otra parte, en el año 1977, Gran Bretaña había establecido los primeros programas de Justicia Restaurativa bajo los nombres de Victim Offender Reparation, y Youth Justice Panels.76 Tal como se ha señalado, este desarrollo ha logrado penetrar en primera instancia en procesos penales juveniles, donde ha tenido mayor aceptación, y por el cual se ha propagado con mayor efectividad en otros países desde los primeros años de la década de 1990.77 Entre estos Holanda, Alemania, Italia, Bélgica, Nueva Zelanda y Francia.
 
Trayendo la discusión a nuestros países vecinos hispanohablantes, Costa Rica ha contado con apoyo y recursos económicos de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia de la *227 Embajada de Estados Unidos en dicho país.78 Los fondos recibidos permiten al Centro Nacional de Tribunales Estatales, organización que desarrolla este programa específico en conjunto con la Oficina de Justicia Restaurativa del Poder Judicial costarricense, capacitar funcionarios de justicia, proveer fondos para resarcir víctimas, e implementar más programas de prevención y de reintegración social a jóvenes infractores.79
 
En México, una revisión literaria nos ilustra sobre cómo la reforma al sistema judicial penal tuvo su cambio más trascendental en el 2008, trayendo consigo cambios enérgicos incorporados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el aspecto de la justicia restaurativa.80 Uno de estos cambios fue plasmado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sentando bases para reformas futuras sobre el factor terapéutico de los procesos de justicia penal.81
 
De acuerdo con la licenciada María Maltós Rodríguez, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, distinto a lo discutido sobre el caso de Las Canarias, en México resultó un factor determinante las virtudes atribuidas a la posibilidad que brinda un proceso de justicia restaurativa o terapéutica de reparar integralmente el daño causado a las víctimas.82 Aunque la actual política de México es específicamente dirigida a menores que han cometido delitos, organizaciones han sido portavoces de promover mecanismos alternativos a la reclusión para otro tipo de delitos y dirigidos a otros demográficos que enfrenten el sistema penal de justicia mexicano.83
 
Abundando sobre lo expresado por la profesora Maltós, los profesores de la Universidad Autónoma de Baja California, Christian *228 N. Hernández y Jessica Mendivil, así como su colega, la especialista en Mediación del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Colima en México, Cynthia V. Hernández, exponen que, ante “la posibilidad de una negociación asistida y no impuesta que puede influir implícitamente en las partes y en la solución de controversias, se aduce que los mecanismos alternativos de solución de controversia pudieran ser viables en materia penal”.84
 
El sistema mexicano atiende con prioridad la protección de la víctima y el restablecimiento de la paz social. Por tanto, el beneficio es también apercibido por la comunidad afectada.85 Para esto, valora los procesos de diálogo comunitario y los encuentros directos entre las partes afectadas. Este método es maleable y tiene la facultad de adaptarse a las circunstancias acaecidas en la búsqueda de una solución verdadera y permanente del conflicto.
 
Recordando que víctimas son todas las personas afectadas directa o indirectamente por un acto delictivo, incluyendo la comunidad, el factor principal es darle potestad decisional tanto a las víctimas como al infractor para que mutuamente encuentren los puntos convergentes que permitan atender y resolver la inflexión entre las partes, debiendo ser el Estado un facilitador activo de esos procesos.86
 
Por otra parte, amparado en el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Colombia se ha convertido en tiempos recientes en el país latinoamericano con la iniciativa más abarcadora en términos de desarrollar programas de justicia restaurativa.87 Su enfoque primordial es el control del terrorismo doméstico provocado por las guerras de guerrillas del movimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante, “las FARC”).88 La justicia terapéutica y el proceso de mediación penal colombiano pueden haber desempeñado un papel importante en los *229 esfuerzos de reconciliación y reintegración de excombatientes de las FARC en la sociedad.89
 
Con este enfoque restaurativo, el Estado colombiano ha abordado con éxito las causas subyacentes de los conflictos para facilitar la rehabilitación de los involucrados.90 Esto puede resultar en un incremento de programas de desmovilización, desmilitarización, desarme, reintegración social, y de procesos judiciales dirigidos a reconciliar a los guerrilleros con su familia y con la sociedad en general en lugar de castigarlos.91
 
Al igual que el modelo mexicano, desde su concepción en 2004, el sistema judicial colombiano desarrolló su política de justicia restaurativa dando énfasis a las víctimas y proveyendo mecanismos para la restitución y restauración del daño--sistema compensatorio de víctimas--.92
 
Podríamos adjudicar este logro colombiano a su similitud con un modelo desarrollado en el País Vasco para resolver la victimización social tras los profundos daños que produjo la actividad terrorista del grupo armado ETA, o Euskadi Ta Askatasuna, que en euskera significa País Vasco y Libertad.93 Sin embargo, entendemos pertinentemente que el caso del País Vasco merece discusión más amplia y el desarrollo de un escrito particular para su análisis.
 
IV. Desarrollo del Modelo de Justicia Terapéutica o Restaurativa en Puerto Rico
Como referente inmediato nuestro, es indispensable observar el desarrollo de los modelos de Justicia Terapéutica en Estados Unidos para tener mejor entendimiento de los procesos que han acaecido en nuestra isla en este ámbito. Estados Unidos es, desde hace mucho *230 tiempo, la jurisdicción mundial con la cantidad más alta de personas encarceladas. Aunque distintas fuentes puedan arrojar estadísticas contradictorias en cuanto a las posiciones que cada país ocupa en la tabla, lo cierto es que las fluctuaciones y variantes por año de los países competidores en este renglón, hacen de la nación norteamericana amplio vencedor en este no tan halagador puesto.
 
De acuerdo con publicaciones del Institute for Crime & Justice Policy Research de la Universidad Birkbeck en Londres, a marzo de 2021 Estados Unidos tenía cerca de 2,100,000 personas privadas de libertad, para una tasa de 639 por cada 100,000 habitantes.94 Los datos de ese estudio ubicaron a Tailandia en segunda posición, aunque con una tasa de 459 por cada 100,000 habitantes para esa fecha.95 Sin embargo, cuando analizamos estos datos a nivel de tasa poblacional, datos estadísticos a febrero de 2025 colocan a El Salvador en una delantera casi inalcanzable, con una tasa de 1,600 personas en prisión por cada 100,000 habitantes, a pesar de tener una población cincuenta veces menor que la de Estados Unidos; le sigue Cuba, con una tasa de 794 prisioneros por cada 100,000 habitantes.96
 
Esta misma fuente coloca a Estados Unidos, en el año 2025, en quinta posición para dicho renglón, con una tasa de 541 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes.97 Por tratarse de una fuente estadística recopilada internacionalmente, la población correccional de Puerto Rico está incluida dentro de los datos de Estados Unidos. En el ámbito local, a octubre del 2020, Puerto Rico alcanzaba una población correccional bajo custodia ascendente a 7,534 adultos, 325 custodias federales en instituciones adultos, y noventa y dos menores privados de libertad en instituciones juveniles, de los cuales la mayoría se encuentran en el renglón de entre diecinueve y veintinueve años.
 
Los mismos datos auscultados muestran un total de 532 sentenciados con dispositivo de supervisión electrónica, y otros 6,549 personas cumpliendo en programas o penas alternas al confinamiento *231 --175 de estos en programas de desvío--.98 Estos datos representan una tasa de aproximadamente 237 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, arrojando un cómputo promedio de 47 personas sentenciadas o convictas que al 2020 cumplían sus sentencias fuera de instituciones penitenciarias por cada 100,000 habitantes.99 Los números no incluyen un aproximado de 1,000 imputados de delito bajo el Programa de Servicios con Antelación al Juicio.100
 
Comparado con una estadística compartida por la entonces estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana, Elynest del Mar Cruz Miranda, en un artículo suyo titulado Indiferencia Deliberada en las Necesidades Médicas de los Confinados: El Fracaso del Fin Rehabilitador, para el año 2018 la población bajo confinamiento ascendía a 10,500 personas, de los cuales casi 7,000 eran de custodia mínima o mediana.101 La información recopilada indica que el veinte por ciento de los privados de libertad cumplen sentencias de entre cinco a diez años.102 Mientras que el veintisiete por ciento corresponde al grupo poblacional cuyas sentencias se encuentran entre uno y cinco años.103
 
Como crítica nuestra, ha sido bastante complicado obtener datos estadísticos actualizados pertinentes a esta investigación a través de fuentes oficiales, entiéndase el Departamento de Corrección o el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Por lo cual, no contamos con números recientes que validen si la disminución observada de personas confinadas desde el año 2018 hasta el año 2020 se ha mantenido o si ha variado positiva o negativamente al presente.
 
Con relación a otros datos estadísticos pertinentes a nuestro estudio, en Estados Unidos el costo promedio por persona confinada para el *232 gobierno es de aproximadamente 100,000 dólares anuales.104 En datos recientes presentados ante las Cámaras Legislativas de Puerto Rico, el costo promedio de cada persona bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación rondaba los 40,000 dólares anuales.105 A esto hay que incluir un promedio de 6,000 dólares anuales por concepto de gastos médicos, lo que tiende a incrementar sustancialmente según los privados de libertad aumentan de edad.106 De otra parte, el costo promedio anual de un sentenciado bajo programas de libertad condicionada en un hogar es de entre 7,000 y 10,000 dólares.107 El presupuesto anual invertido a esa fecha en el Departamento de Corrección se elevaba a sobre 338,000,000 de dólares para el año 2020.
 
En un artículo publicado por la periodista Bárbara J. Figueroa Rosa en octubre del año 2019, se citaba al exsecretario de corrección Erik Rolón, quien aceptaba que apenas un dos por ciento del presupuesto de la agencia se destinaba a programas e iniciativas de rehabilitación.108 Esto ocurrió en la época bajo su dirección, en el año 2017, cuando la asignación presupuestaria superaba los 400,000 dólares.109
 
Es meritorio reconocer que la intervención de la Junta de Control Fiscal sobre las finanzas del Gobierno de Puerto Rico ha tenido un impacto sin precedentes en el sistema correccional, lo que hace necesario extender una invitación a realizar estudios futuros sobre sus consecuencias en los procesos de confinamiento, garantías de trato digno, servicios esenciales, condiciones básicas de convivencia y de salud en las instituciones penitenciarias del país. Como parámetro, hay que dirigir la discusión en torno a los casos Morales Feliciano.110 *233 Durante el curso de Seminario de Derecho Penal de la Escuela de Derecho, en la presentación de su estudio, un compañero explicaba al grupo que el Departamento de Corrección cuenta apenas con catorce psicólogos para atender su población actual. Esto ofrece una referencia clara de lo delicado que está el asunto en la actualidad, sin tan siquiera tener que entrar a discutir el conflictivo asunto, de amplio conocimiento público, entre esta Agencia y el proveedor de servicios médicos que tiene contratado.
 
A. Programas de Desvío
La sección 2404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, en su artículo 404(b) dispone de un mecanismo para que toda persona que cualifique pueda beneficiarse de un programa de desvío, mediante el cual pueda cumplir su sentencia a través de medios alternativos a la reclusión, quedando privilegiado del archivo y sobreseimiento de su caso, y sin gravamen en su certificado de antecedentes penales.111
 
Los requisitos para recibir el beneficio de esta parte de la ley son: (1) no tener convicciones previas por violaciones a esta ley, en Puerto Rico o en Estados Unidos; (2) haberse declarado culpable o haber sido encontrado culpable por el artículo 404(a) de esta ley; (3) aceptar participar voluntariamente del programa de desvío, entre otros requisitos.112 El incumplimiento con las condiciones del programa de desvío que imponga un juez será causa suficiente para iniciar un proceso de revocación, y ser ingresado en el sistema correccional para cumplir la sentencia impuesta.113
 
Similar pasa con otro mecanismo disponible, dirigido específicamente a individuos imputados y acusados de delitos de violencia doméstica bajo la Ley 54 de 1989.114 En este, el archivo y sobreseimiento de su caso se alcanza tras voluntariamente participar de un programa de readiestramiento y reeducación, del cual podrá cualificar si: (1) no ha tenido convicciones previas por cualquier delito de esta ley o leyes similares en Puerto Rico o Estados Unidos; (2) no ha violado la orden de protección que se impusiera, si alguna; (3) ha *234 aceptado su culpa en el delito o la conducta delictiva; (4) ha aceptado participar de un convenio junto con la fiscalía y con la entidad a proveer el tratamiento.115 Como otros mecanismos, este beneficio se otorgará una sola vez.116
 
De otra parte, la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba ofrece alternativas de suspensión de sentencias en reclusión a personas privadas de libertad que hayan cumplido con ciertos requisitos dentro de su confinamiento post sentencia.117 Hay cierta discusión sobre la cantidad de delitos que no cualifican y son excluidos de los beneficios de una sentencia suspendida.118 También es objeto de crítica la cantidad de requisitos que se imponen para cualificar para estos programas, los cuales parecen ser inalcanzables para las personas privadas de libertad, pues en ocasiones el cumplimiento o incumplimiento de algunos requisitos suele ser ajeno e involuntario a su capacidad volitiva para concretarlos.
 
Finalmente, es preciso discutir las reglas 247.1 y 247.2 de Procedimiento Criminal, las cuales proveen medios de desvío a personas convictas de delito, bajo ciertas restricciones y requerimientos.119 Bajo la regla 247.1 de sobreseimiento y exoneración de acusaciones, se regula el proceso de aquellas personas que aceptan someterse a un programa de tratamiento y rehabilitación para, una vez cumplido el tratamiento, cualificar para el archivo sobreseimiento de su caso.120 Para esto se requiere que la persona se declare culpable o sea hallada culpable en juicio, y haber firmado un acuerdo para someterse al tratamiento de rehabilitación, previa anuencia del ministerio público. Este beneficio se otorga una sola vez.121
 
Por el contrario, la regla 247.2, recién incorporada en nuestro ordenamiento jurídico bajo el título de Desvío Terapéutico, adjudica un procedimiento para que personas que han sido encontradas o se declaren culpables de delitos directa o indirectamente relacionados a una adicción a drogas o alcohol, puedan ser referidas a un programa de rehabilitación.122 Esto con el fin de, adicional al beneficio terapéutico y *235 salubrista, conceder el archivo y sobreseimiento de su caso, dejando sin efecto la declaración de culpabilidad, con la consecuencia de que solo podrá aprovechar los beneficios de este hasta un máximo de dos ocasiones.123
 
Quedan excluidos del beneficio otorgado por esta regla aquellos encausados criminalmente por distribución de sustancias controladas, delitos violentos o de naturaleza sexual, delitos contra menores de edad, y delitos con pena de reclusión mayor a ocho años.124 La primera parte de la nueva regla fue redactada de la siguiente forma:
El tribunal, en cualquier momento, luego de la existencia de una determinación de causa para arresto, según dispuesto en la regla 6, pero antes de un pronunciamiento de culpabilidad, por algún delito de posesión de sustancias controladas, apropiación ilegal u otro delito grave, intentado o cometido sin violencia que sea consecuencia directa del deseo del imputado de satisfacer una adicción, a solicitud del imputado o del Ministerio Público, recibirá prueba sobre la adicción del imputado a sustancias controladas. Si el tribunal determina que el imputado sufre de un “trastorno relacionado a sustancias”, según es definido este término por el inciso (rrr) de la sec. 6152b del Título 24, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, detendrá los procedimientos y ordenará una evaluación por un “equipo interdisciplinario”, según es definido este término por el inciso (x) de la sec. 6152b del Título 24, quienes a su vez emitirán al tribunal una recomendación sobre tratamiento y, de requerirse dicho proceder, prepararán un “Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación”, según es definido este término en el inciso (vv) de la sec. 6152b del Título 24. Este Plan contendrá las recomendaciones y condiciones de tratamiento necesarias y apropiadas, de conformidad con su nivel de cuidado, para la rehabilitación del imputado, el cual no excederá de tres (3) años.125

*236 B. Corte de Drogas
Hemos discutido el desarrollo con éxito que tuvieron las Salas de Drogas (Drug Courts) en distintas jurisdicciones de Estados Unidos desde su nacimiento en Miami en el año 1989. Además, los resultados positivos en términos de disminución en reincidencia, eficacia en tratamiento, rehabilitación de adicciones, y la reintegración satisfactoria de los individuos a su vida cotidiana y la sociedad. Por último, su efecto en la disminución de la carga de casos en los tribunales, y de los gastos del Estado en el procesamiento y confinamiento de la persona convicta.126
 
El modelo en Puerto Rico de Salas Especializadas de Sustancias Controladas, o Cortes de Droga, se ha moldeado bajo la filosofía y fundamentos de la justicia terapéutica, buscando un enfoque rehabilitador y restaurativo que sustituya al modelo tradicional punitivo.127 De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Núm. 83 de 2018, “las estadísticas del Departamento de Corrección y Rehabilitación reflejan que casi el [69%] de la población penal tenía problemas de adicción a sustancias controladas antes de entrar al sistema correccional y que casi el [41%] de esta, actualmente, aún la mantiene”.128 La propia exposición de motivos de la referida ley expone también lo siguiente:
Según la data provista por la Oficina de Administración de Tribunales, el programa de Drug Courts en Puerto Rico ha sido muy efectivo, al punto que la reincidencia de sus participantes es de apenas un 10%, mientras que la reincidencia de los no participantes es de un 62%. Los números hablan por sí solos.129

Todos los datos y estadísticas recopilados del propio gobierno han tenido el efecto de convertirse en un estudio longitudinal que nutre de fundamentos a los académicos, legisladores, el Estado--entiéndase el poder ejecutivo que formula política pública--, y el propio Poder Judicial para replantear nuevas tendencias y mecanismos en el procesamiento penológico de individuos bajo la filosofía de un modelo *237 de justicia restaurativa o terapéutica. El dato principal es el consumo de drogas y alcohol, como indicador del factor de riesgo para una posible reincidencia penal, y su vínculo directo con la comisión de delitos.
 
V. Propuestas e Intentos Recientes de Legislación en Puerto Rico
Más allá de la inequívoca y acertada incorporación de la regla 247.2 de Procedimiento Criminal en 2018, nuestra comunidad jurídica ha mostrado indicios de un interés apremiante en desarrollar el tema de la justicia restaurativa o terapéutica y llevarlo al próximo nivel dentro de nuestro ordenamiento jurídico. No podemos ser conformistas y solo dejar planteada la posibilidad de un modelo trunco como lo es la Corte de Drogas. ¿Y el resto de las personas procesadas penalmente, qué?
 
En febrero de 2020 se reseñó con beneplácito, en periódicos y otros medios electrónicos, la celebración del Primer Congreso Internacional en el Caribe y las Antillas de ética aplicada en Justicia Restaurativa, auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.130 El evento sirvió de preámbulo para proponer cambios que promulguen mecanismos nuevos a nivel de ley, y a nivel del propio ejercicio jurídico, e impulsar a su vez cambios en el sistema penal y el sistema de administración de justicia.
 
Entre los deponentes de este Congreso, se destacaron la jueza retirada y coordinadora del Programa de Justicia Restaurativa de la Universidad de Illinois en Chicago, Sheila Murphy, el padre Brian Gowans, Presidente de la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica, y el Monseñor Jorge I. García Cuerva, Asesor de la Pastoral Carcelaria a nivel del Consejo Episcopal Latinoamericano.131 También, contó activamente con el padre Óscar Manuel Granados del Valle, Director de la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica en Puerto Rico, la Dra. Julimar Sáez Colón, psicóloga, el Dr. Ernesto Frontera, psiquiatra, y el Dr. Miguel Arrieta Morales, Director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Humano.132
 
*238 Esta iniciativa demostró el interés de integración de varias disciplinas y sectores para reenfocar las virtudes que propende el uso de modelos de justicia restaurativa en lugar de mantener un sistema centrado en el retribucionismo punitivo. Aquí la Iglesia Católica participó activamente como uno de los proponentes principales. Lamentablemente, nadie contaba que tres semanas después el mundo cerraría sus puertas ante la llegada de la pandemia.
 
La teoría penal nos ha llevado a concluir irremediablemente que el confinamiento no rehabilita, y que la encarcelación o las medidas punitivas severas no disminuyen la incidencia criminal. Mucho menos ayuda el aumentar las penas. Sin embargo, la triste normalización social sobre un sistema punitivo de castigo, entendido por la mayoría como el modelo retribucionista más completo, ha creado una voraz competencia en los círculos políticos por crear más medidas punitivas y convertir las penas actuales en más severas, a veces solo por el populismo y fervor del momento. Algunos le llamarían, con total razón, una cacería de votos.
 
Esto nos mantiene muy alejados de las aspiraciones de los fundadores de nuestra Constitución cuando se expresaron en favor de garantizar un trato digno, la libertad, a evitar castigos crueles e inusitados, y a proteger la garantía de igual protección de las leyes, entre otros derechos. Una lectura de la publicación de la profesora Wanda I. Ramos Rosado en la Revista Umbral nos guiará por un buen resumen de las posturas y políticas de las administraciones de turno desde el 1980 hasta el 2020.133
 
Iniciada la Decimonovena Asamblea Legislativa, en su primera Sesión Ordinaria, el 4 de enero de 2021 se presentó la Resolución de la Cámara número once con el fin de ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes investigar la viabilidad de incorporar al ordenamiento jurídico la justicia restaurativa como método alternativo de resolución de conflictos penales. El proyecto fue referido a la Comisión de Asuntos Internos en donde, luego del trámite legislativo correspondiente, se aprobó la resolución y se refirió el asunto a la Comisión de lo Jurídico el 9 de abril de 2021, sin haberse visto trámites ulteriores a este.134
 
*239 De otra parte, entre los meses de septiembre y octubre de 2022 se radicaron proyectos en ambos cuerpos legislativos con el fin de enmendar el artículo 69 del Código Penal de 2012, esencialmente a los fines de promover la mediación penal como método alterno al proceso judicial, a la pena de reclusión y a la multa.135 Los proyectos fueron referidos a las respectivas Comisiones de lo Jurídico de cada cuerpo legislativo, sin embargo, no tuvieron trámites posteriores.
 
Ese mismo año prosperó una medida, convirtiéndose en la Ley 47 de 2022, dada a publicidad como la Reforma al Sistema de Justicia Juvenil.136 Mediante esta se dispuso, entre otras cosas, el establecimiento de un proceso de mediación como método alterno para la solución de conflictos dentro del marco de la Ley de Menores de Puerto Rico y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores.137
 
En tiempos recientes se han producido múltiples iniciativas legislativas, judiciales y ejecutivas que apuntan hacia una visión más integral de la rehabilitación en Puerto Rico. Estos esfuerzos se suman a las propuestas previas y deben destacarse como evidencia de que la política pública correccional se encuentra en un proceso de transformación hacia un modelo más terapéutico y restaurativo.
 
En el 2024, la Universidad de Puerto Rico (en adelante, “UPR”) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, “DCR”) firmaron acuerdos para permitir que privados de libertad cursen estudios universitarios de nivel graduado.138 Como parte de estas iniciativas, trece personas de la población fueron admitidas a la Maestría en Gestión y Administración Cultural, un programa que busca formar gestores en el campo de la cultura y las artes, y que históricamente no había estado accesible para esta población.139 *240 Asimismo, se destaca el caso de Miguel Ángel Nieves Domínguez, quien se convirtió en el primer privado de libertad admitido a la Escuela de Derecho de la UPR, planteando públicamente que su meta era transformar el sistema penal desde la perspectiva de quien lo ha vivido desde adentro del propio sistema.140
 
Estos avances reflejan un esfuerzo por abrir espacios académicos a la población carcelaria, pero también revelan retos estructurales. Por ejemplo, varias privadas de libertad recluidas en un Hogar Intermedio denunciaron en el año 2024 que enfrentaban trato hostil y múltiples obstáculos administrativos para asistir a sus clases de maestría, lo que evidencia que el acceso sustantivo o formal a programas educativos no siempre garantiza su disfrute pleno.141
 
La apertura educativa no se ha limitado a la UPR. A través del programa federal Second Chance Pell, universidades privadas como Caribbean University han ofrecido grados asociados y certificados profesionales a miembros de la población en las instituciones penitenciarias del país. En 2024, sesenta y siete privados de libertad se graduaron en ceremonias académicas oficiales, algunos de ellos con distinciones como Summa Cum Laude.142 Este resultado confirma que, con apoyo institucional y recursos adecuados, la población ingresada puede lograr un desempeño académico de excelencia, desafiando la percepción de que la reclusión es incompatible con el éxito educativo.
 
En el plano legislativo, la Ley Núm. 195 del año 2012, conocida como la Carta de Derechos del Estudiante, garantiza igualdad de acceso, confidencialidad y acomodos razonables en la prestación de servicios educativos.143 Aunque esta ley se dirige a estudiantes en general, sus principios resultan pertinentes y compatibles para las *241 personas privadas de libertad que hoy ejercen su derecho a la educación universitaria.
 
Más reciente, la Ley Núm. 3 del año 2025 reafirmó la política pública de ampliar oportunidades de rehabilitación a poblaciones vulnerables, lo que incluye a privados de libertad en programas de rehabilitación y reinserción.144 Dispone la ley que ninguna Junta Examinadora podrá denegar automáticamente la solicitud de una persona aspirante a ejercer una profesión regulada por ley, o por cualquier otra norma bajo la jurisdicción del Departamento de Salud o sus entidades adscritas, debido a que posea antecedentes penales.145
 
Dentro del ámbito judicial, también se ha asumido un rol activo en el desarrollo de programas alternativos de rehabilitación. Desde el año 2022 se ha reactivado el Programa de Salas Especializadas de Drogas (Drug Courts) con la designación de fiscales especializados y la aplicación de guías revisadas, dirigido a personas acusadas de delitos no violentos vinculados al uso y adicción de sustancias controladas.146
 
Igualmente, se han implementado las Salas Especializadas en Salud Mental, que ya operan en varias regiones judiciales, incluyendo San Juan, Ponce y Utuado, atendiendo casos bajo la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, como hospitalización involuntaria o tratamiento compulsorio.147 Estos foros especializados no solo alivian la congestión judicial, sino que representan un cambio de paradigma: la condición de salud mental se atiende como un asunto prioritario de derechos humanos *242 y no como un simple escollo procesal.148 También, en los últimos años el Ejecutivo ha nombrado fiscales adicionales para reforzar el programa de Cortes de Drogas en la mayor cantidad posible de Regiones Judiciales.149
 
En junio de 2025, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 655, que enmienda la regla 240 de Procedimiento Criminal.150 La reforma establece que ninguna persona declarada no procesable, o sea aquella que por razón de salud mental no puede enfrentar un proceso criminal, permanezca encarcelada por más de seis meses en espera de traslado a una institución adecuada.151 Vencido ese término, el tribunal podrá ordenar tratamiento ambulatorio bajo supervisión estatal.
 
Esta enmienda responde a situaciones dramáticas como la del caso Pueblo v. Jorge Moreu, en el que un acusado estuvo encarcelado por 688 días sin recibir el tratamiento que requería, lo que planteó serias dudas de constitucionalidad.152 Con esta medida se pretende garantizar que la presunción de inocencia y la dignidad de personas con diversidad funcional no se conviertan en letra muerta.
 
El tema penitenciario también estuvo presente en las campañas políticas del periodo eleccionario 2024. Diversos candidatos presentaron propuestas que coincidían en priorizar la rehabilitación sobre el mero castigo, aunque con énfasis distintos: algunos proponían reformas integrales del DCR y de la Junta de Libertad Bajo Palabra, mientras otros destacaron la erradicación de enfermedades en las cárceles, o la creación de programas agrícolas y de mentoría para promover el desarrollo de destrezas ocupacionales útiles para la reinserción social de los ingresados en instituciones penitenciarias.153
 
*243 En el año 2025, esta línea de pensamiento cristalizó en la radicación del Proyecto del Senado número treinta y cuatro, que propone la creación de Comunidades Terapéuticas dentro de las instituciones penales, el cual eventualmente fue aprobado, convirtiéndose en ley el pasado mes de agosto.154 Estas comunidades funcionarían como espacios residenciales con personal especializado, fases de tratamiento estructurado y eventual retorno a la población regular de privados de libertad.155 La propuesta responde a la necesidad de atender el problema de adicciones y salud mental dentro de un marco humano y terapéutico que muchas veces no se obtiene con el confinamiento tradicional.
 
Finalmente, el poder ejecutivo también ha participado en este giro rehabilitador. En diciembre de 2024, justo antes de concluir su cargo, el gobernador de turno otorgó dieciocho clemencias ejecutivas, que incluyeron indultos y conmutaciones de pena.156 Este ejercicio de poder discrecional otorgado por nuestra constitución refleja que, más allá de los tribunales y la legislatura, el Ejecutivo puede ser un agente activo en la validación de esfuerzos de rehabilitación y en la apertura de segundas oportunidades para personas privadas de libertad.157
 
Conclusión
Toda la discusión anterior nos obliga a resumir que ha sido muy poco el avance del sistema jurídico del país, a pesar de contar con la capacidad, el conocimiento y los recursos necesarios para agilizar la promulgación de propuestas y cambios radicales en nuestro ordenamiento jurídico en términos de mecanismos alternativos a la reclusión para la solución de conflictos en el ámbito penal.
 
El juez superior retirado Francisco A. Borelli Irizarry ilustra el problema que acarrea el inmovilismo puertorriqueño a un modelo restaurativo de justicia:
Dentro del procesamiento penal de casi todo delito existen cargas emocionales encontradas entre la víctima, *244 sus familiares, amigos y vecinos, y la persona ofensora y sus familiares, las cuales tienen el potencial de producir una fragmentación en la interrelación comunitaria pacífica y un incremento de violencia. Si estas no se atienden bajo un enfoque restaurador o sanador dentro del proceso penal, si este solo provee la cárcel como castigo, esas cargas regresarán a la comunidad listas para escalar y producir delitos de mayor violencia.158

Esa escalada de la que habla el magistrado es la que debemos evitar y combatir si queremos procurar una sociedad con mejor calidad de vida y mayor bienestar. Expone este letrado sobre la necesidad apremiante de integrar la justicia restaurativa al proceso penal de Puerto Rico mediante legislación, como ya lo han logrado otros países, incluyendo treinta y siete Estados de EE. UU.159 Con legislación afirmativa, los tribunales tendrán la facultad suficiente para atender las necesidades de las víctimas y su sanación, así como atender los factores que llevaron a la persona ofensora a cometer los hechos.160
 
El Dr. David B. Wexler se refirió a la urgencia de cambio, tanto en los procesos como en la práctica penal, como “nuevo vino en nuevas botellas”.161 Para que el proceso de la justicia terapéutica prospere fuera del ámbito de los tribunales de resolución de problemas es necesario contar con un panorama legal amigable. Una metáfora útil para analizarlo es ver las técnicas y prácticas profesionales de la justicia terapéutica como un líquido o vino, y considerar los procedimientos legales y las normas legales aplicables, es decir, el paisaje legal pertinente, como botellas.162
 
Dicho lo anterior, no podemos teorizar con modelos de avanzada en nuestro sistema judicial y penal, como lo es la justicia restaurativa, si *245 los actores que tienen en sus manos reformar el sistema no se interesan en formar parte del cambio. Esta vez nos referimos a los mismos operadores jurídicos, sea desde el escenario judicial, desde el ministerio, o en el estrado de la defensa donde se ubique. Si no existe voluntad colectiva para impulsar un cambio verdadero, los esfuerzos individuales y colectivos de grupos, organizaciones, gremios, algunos legisladores, no traerán resultados.
 
Recordemos que el aún vigente, Canon 4 del Código de Ética Profesional de Abogados de 1970, exige responsabilidad del abogado de laborar por el mejoramiento del sistema legal.163 Según las nuevas Reglas de Conducta Profesional 2025, que entran en vigor a partir del día primero del mes de enero de 2026, la obligación de los profesionales del derecho hacia el mejoramiento del sistema está abordada a su vez, en síntesis, por las reglas 6.1 al 6.4 del novel reglamento.164
 
En ese sentido, si logramos incluir a sectores privados--patronos con programas de responsabilidad social, empresarios, comerciantes, organizaciones, asociaciones estudiantiles universitarias, iglesias, organizaciones con base comunitaria, grupos de capellanía, gremios profesionales, abogados, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, consejeros, Escuelas de Derecho y sus Clínicas de Asistencia Legal, entre otros--obtendríamos alianzas para aportar capacidad, conocimiento, sentido de pertenencia y los recursos necesarios para provocar el cambio al que debemos aspirar como sociedad vanguardista. Debemos aprovechar al máximo las aportaciones de las organizaciones con base comunitaria y de fe, que siempre cuentan con grandes iniciativas para ayudar a mejorar la calidad de vida social de nuestro país, y fortalecer los lazos familiares y comunitarios.
 
Definiendo roles, el juez no puede ser un mero espectador o moderador. Es la figura que tiene responsabilidad de integrar las partes y viabilizar los recursos necesarios para que se atienda y resuelva el conflicto acaecido entre ellos por consecuencia del acto delictivo. Por tanto, no podemos conformar un sistema eficaz de solución de conflictos en el ámbito penal si solo contamos con pocas salas especializadas, mayormente a atender casos de menores o de personas con problemas de adicciones. El Tribunal, como organismo colegiado, *246 debe asumir un rol proactivo en capacitar a sus jueces en todas las instancias para que puedan recibir y atender estos casos.
 
De otra parte, hay que reformular el sistema punitivo actual para que el modelo de penas y medidas de seguridad sea disuasivo desde un punto de vista reparador y restaurativo, y que viabilice la integración social y familiar de los acusados y convictos de delito. Con esto de trasfondo, urge abrir una discusión abarcadora sobre muchos delitos que hoy quedan excluidos para acogerse a las modalidades alternativas a la reclusión, como las expuestas en la regla 247.2 de Procedimiento Criminal, en el artículo 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas, y en la sección 601 de la Ley de Violencia Doméstica.
 
Incluso estas mismas medidas pueden ser reevaluadas para considerar ampliar las oportunidades a las que pueda tener acceso la persona culpable de delito, de tal manera que las alternativas de sobreseimiento de sus casos puedan servir como disuasivos más provechosos que la encarcelación. También puede considerarse la despenalización de algunos delitos punibles actualmente.
 
Es una invitación a examinar con profundidad la posibilidad de incorporar cambios en otras leyes para que delitos no incluidos en las disposiciones actuales también puedan ser objeto de beneficios para cumplir con penas por delitos menos restrictivos de libertad. Ejemplo de esto pueden ser: delitos que no incluyan violencia, como apropiación ilegal; delitos contra el medio ambiente; delitos contra derechos civiles; delitos por corrupción, o los llamados delitos de cuello blanco; delitos fiscales o contra el erario público; casos de menores juzgados como adultos en ciertos delitos; y algunos delitos contra la vida, seguridad e integridad física, cuando caso a caso pueda plasmarse que existe posibilidad y beneficio de imponer sanciones penales no restrictivas de libertad que resulten reparadoras para la víctima, la persona que comete actos delictivos, y la sociedad.
 
En cuanto a los convictos ingresados en instituciones penitenciarias, la propuesta de este autor es reformar los estatutos de la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, para aumentar las posibilidades de sentencias suspendidas, disminuir los criterios de cantidad de años para cualificar, ampliar el margen de delitos que puedan acogerse a este programa, y flexibilizar requisitos.165 De esta forma se permitirá que más privados de libertad tengan acceso a *247 opciones para lograr su reintegración a la sociedad con menos tropiezos, incluyendo asistencia legal para los trámites judiciales necesarios.
 
Como parte del proceso, deben asignarse mayores recursos fiscales para promover el aprovechamiento académico y vocacional de las personas ingresadas, proveer equipos y herramientas para que, una vez salgan del sistema penitenciario, puedan adquirir independencia personal y económica. También habría que atender el asunto de los gravámenes en sus récords de antecedentes penales, para atemperarse a la polémica realidad del discrimen laboral a que se atienen una vez se encuentren en libertad.
 
Lo anterior debe ser apoyado por servicios integrados de agencias de gobierno concernidas, de tal manera que se convierta en un proceso sistemático que garantice la eficacia en su resultado. A tales fines, debe establecerse una oficina integral que atienda este asunto, con capacidad para gestionar servicios, diligenciar recursos, y movilizar el aparato gubernamental de los tres poderes constitucionales en favor del proceso y sus metas programáticas. Deberá tener obligación y mandato para formular proyectos de educación escolar, social, comunitaria y profesional para que se integre la mayor cantidad de personas. Esto transformará el sistema, de uno retributivo y remediativo donde terminaremos observando el efecto de la puerta giratoria (revolving door), a uno con soluciones a largo plazo que se atemperen a la aspiración de una mejor sociedad de ley y orden.
 
Por la naturaleza inherente de su encomienda, dicha oficina deberá tener independencia presupuestaria y mandato en ley para poder actuar conforme amerite cada caso, procurando la restitución del infractor y de la víctima, y buscando el bienestar de la sociedad, utilizando el sistema del Estado a tales fines. La importancia de levantar estadísticas en todos estos procesos es indispensable para mantener actualizada la evaluación del proyecto y sus resultados, e ir atemperando cambios según avancemos. Y, de más está decir que, desde un enfoque terapéutico, los resultados deben ser evaluados y proyectados a largo plazo, lo que requiere que el sistema se integre y sostenga con todas las partes mucho más allá del mero proceso judicial, dando continuidad y apoyo indefinidamente.
 
Por último, pero no menos importante, debemos trabajar en la educación formal como el factor más trascendental para lograr cambios profundos en nuestra sociedad. La educación social e integración comunitaria, como base fundamental para el éxito de la reinserción de los privados de libertad y el resarcimiento de las víctimas, depende de *248 que se promueva un enfoque humanista y holístico de la conducta humana y desarrollar destrezas de manejo (coping skills) desde tempranas etapas del desarrollo humano.
 
El gobierno debe formular política pública encaminada a integrar currículos de enseñanza socio humanística desde las primeras fases de educación, y que este proceso, como lo requiere el manejo de la conducta humana, no termine de enseñarse nunca, ya que, como campo de las ciencias sociales, siempre debe estar a la vanguardia de las tendencias, nuevas teorías, medios de atención y tratamiento, y de recursos adheridos a esta. Por tanto, se deben establecer escuelas de capacitación profesional y jurídica a todos los niveles dentro de la práctica de la profesión jurídica, iniciando en las Escuelas de Derecho, sobre aspectos de la conducta humana.
 
Lamentablemente nuestro sistema legal y jurídico no fue diseñado de esta forma, por lo que vemos apenas unos pocos profesionales jurídicos involucrados en el tema por voluntad propia e interés, cuando debería ser un asunto de carácter obligatorio. Todo profesional jurídico debería contar con la capacitación continua suficiente para atender y resolver problemas, conflictos y asuntos inherentes a las relaciones entre personas y a la conducta humana. Al final, ¿resolver conflictos entre personas no es acaso de lo que se trata nuestra profesión?
 
Footnotes
	
a1
	El autor posee un Juris Doctor con distinción Magna Cum Laude, y una Maestría en Consejería en Rehabilitación con distinción Summa Cum Laude, ambos grados de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ejerce como profesional de la salud mental y de la conducta humana dentro del campo de la Consejería en Rehabilitación desde el año 2009. Agradecido de Dios, dedica este escrito a sus padres Abraham y Monserrate, sus hijas Alejandra y Natalia, su hermano Christian, su tía Sor Cruz María Vega, y su esposa Wilma Sánchez Feliciano, por las oraciones y el apoyo incondicional recibido durante su Juris Doctor. Un agradecimiento especial a los profesores de Derecho, Dr. Luis A. Zambrana González, Lcdo. Ildefonso Torres Rodríguez y Lcdo. Ferdinand López Colón, así como al Padre Óscar Granados del Valle, Director de la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica de Puerto Rico, por servir de inspiración para desarrollar un pensamiento crítico con una perspectiva terapéutica dentro del campo del derecho penal.
	
1
	Hebreos 13:3.
	
2
	Const. PR art. VI § 19.
	
3
	Const. PR art. II, § 1.
	
4
	R.P. Crim. 34 LPRA Ap. II, 247.2 (Supl. 2025).
	
5
	Maité D. Oronoz, Dignidad Humana, 49 Rev. Jur. UIPR 462 (2014) (citando a Const. PR art. II, § 1).
	
6
	Const. PR art. II, § 1.
	
7
	Id. art. II, § 8.
	
8
	Id. art. II, § 7.
	
9
	Pueblo v. Pérez Zayas, 116 DPR 197 (1985). Además, Jessica Velázquez Sotomayor, Justicia Terapéutica: La ruta para hacer valer la Promesa Constitucional de Rehabilitación Criminal en Puerto Rico, 54 Rev. Jur. UIPR 2, 261 (2019-2020), (citando a Dora Nevares Muñiz, Las Penas en el Nuevo Código Penal: a cinco años de su vigencia, 79 Rev. Jur. UPR 4, 1130 (2010)).
	
10
	Const. PR art. V, § 19.
	
11
	Dora Nevares Muñiz, Las Penas en el Nuevo Código Penal: a cinco años de su vigencia, 79 Rev. Jur. UPR 4, 1136 (2010).
	
12
	Luis A. Zambrana González, La rehabilitación de la persona convicta como derecho humano: Su tención con el ordenamiento penitenciario de Puerto Rico, 87 Rev. Jur UPR 1117, 1133 (2018). Además, Pueblo v. Jorge Moreau, 201 DPR 799 (2019) (Estrella Martínez, voto particular disidente, citando a Zambrana González, Id.).
	
13
	Garib Bazaín v. Hosp. Español Aux. Mutuo, 204 DPR 601 (2020) (Estrella Martínez, opinión disidente, citando a Zambrana González, Id. en la pág. 1118).
	
14
	Dora Nevares Muñiz, supra nota 11, en la pág. 1154 (citando a Pueblo v. Pérez Zayas, 116 DPR 197 (1985)).
	
15
	Id.
	
16
	Carrasquillo Román v. Departamento de Corrección, 204 DPR 699 (2020) (Estrella Martínez, opinión disidente, citando a Zambrana González, en la pág 1148).
	
17
	Daniel Beltrán Torres, Enmiendas al sistema de bonificaciones y el proceso de rehabilitación penal, Microjuris (19 de mayo de 2020), https://aldia.microjuris.com/2020/05/19/enmiendas-al-sistema-de-Bonificaciones-y-el-proceso-de-rehabilitacion-penal/.
	
18
	Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Informe del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 (1991), https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/028_ACONF.144.28.Rev.1_Report_Eighth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf.
	
19
	Id. en la pág. 29.
	
20
	Id.
	
21
	Id. en la pág. 36 (Por iniciativa y acuerdo de la ONU en el Octavo Congreso sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Ofensores, el alcance de sus directrices deberá interpretarse y aplicarse en el marco general de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño, y la Convención sobre los Derechos del Niño, y observar el contexto de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, así como de otros instrumentos y normas relativas a los derechos, intereses y bienestar de todos los menores y jóvenes).
	
22
	José Julián Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos: Casos y MATERIALES (2009).
	
23
	Id.
	
24
	Juliana Tonche & Camilo Eduardo Umaña, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: un acuerdo de justicia ¿restaurativa?, La Revista Derecho del Estado (2017), http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4933.
	
25
	Corte Superior de Justicia, Ministerio Público de Perú. Guía Metodológica para el Programa de Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo para adolescentes en conflicto con la Ley Penal consumidores de Drogas, Organización de los Estados Americanos (2016), http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ea484d804ae672f3b9a3f9d1306a5ccd/guia+metodologica+jtr-ventanilla.pdf?mod=ajperes (última visita 28 de septiembre de 2025).
	
26
	Id.
	
27
	Jessica Velázquez Sotomayor, Justicia Terapéutica: La ruta para hacer valer la Promesa Constitucional de Rehabilitación Criminal en Puerto Rico, 54 Rev. Jur. UIPR 2, 261 (2019-2020). Además, Bruce J. Winick & David B. Wexler, Judging in a Therapeutic Key: Therapeutic Jurisprudence and the Courts 3 (2003).
	
28
	Paul McCold, La historia reciente de la justicia restaurativa. Mediación, círculos y conferencias, 22 Delito Soc. Rev. Cienc. Soc. 36 (2013) (Arg.), http://www.scielo.org.ar/pdf/delito/v22n36/v22n36a01.pdf.
	
29
	Id.
	
30
	Dora Nevares Muñiz, Las Penas en el Nuevo Código Penal: a cinco años de su vigencia 79 Rev. Jur. UPR 4, 1132 (2010). Además, Winick & Wexler (2003), supra nota 27.
	
31
	Ministerio Público de Perú, supra nota 25 (citando a Winick & Wexler, en la pág. 31).
	
32
	Id. en la pág. 32.
	
33
	Id. en la pág. 4.
	
34
	Id. en la pág. 5.
	
35
	Tonche & Umaña, supra nota 24.
	
36
	Id. en la pág. 236.
	
37
	Id.
	
38
	Id. Además, Winick &Wexler, supra nota 27.
	
39
	Álvaro E. Márquez Cárdenas, La Mediación como Mecanismo de Justicia Restaurativa, 149 Prolegómenos (2012) (Colom.), file:/// Users/Abe/Downloads/Dialnet-LaMediacionComoMecanismoDeJusticiaRestau-4278511 (3).pdf.
	
40
	Id. en la pág. 50.
	
41
	Conferencia de David B. Wexler, Profesor de las Universidades de Arizona y Puerto Rico. Justicia Terapéutica: Una Visión General, Simposio sobre Leyes de Discapacidad en la Escuela de Derecho Thomas Cooley, en Michigan, Florida, Centro de Estudios y Formación Especializada Gencat (29 de octubre de 1999), https://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/activitats_formatives/prospectiva_criminal_prevencio_delinquencia05062012/justicia_terapeutica_resum.pdf.
	
42
	Id. en la pág. 4.
	
43
	Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Informe del Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, U.N. Doc. A/CONF.187/15 (2000), https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/10th_Congress_2000/030_ACONF.187.15_Report_of_the_Tenth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf.
	
44
	Undécimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Informe del Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, U.N. Doc. A/CONF.203/18 (2005), https://docs.un.org/es/A/CONF.203/18.
	
45
	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Manual sobre programas de justicia restaurativa, U.N. Sales No. E.06.V.15 (2006), https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf.
	
46
	Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Plan Estratégico 2023-2027, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (2022), https://www.oas.org/en/iachr/mandate/strategicplan/2003/strategicplan2023-2027.pdf.
	
47
	Id.
	
48
	Jesús D. Ayllón García, La Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos, 15 Ars Boni et Aequi 9 (2019) (Chile), https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7826477.pdf.
	
49
	Id. en la pág. 13.
	
50
	Id.
	
51
	Winick & Wexler, supra nota 27.
	
52
	Id.
	
53
	Id.
	
54
	Id. en la pág. 4.
	
55
	Id.
	
56
	Id. en las págs. 21-25.
	
57
	Id. en las págs. 31-35.
	
58
	Id. en las págs. 49-54.
	
59
	Id.
	
60
	Ronald L. Akers, Aplicaciones de los Principios del Aprendizaje Social. Algunos Programas de Tratamiento y Prevención de la Delincuencia (2006), file:///Users/Abe/Downloads/APLICACIONES_DE_LOS_PRINCIPIOS_DEL_ APREN.pdf (última visita 17 de diciembre de 2025).
	
61
	Id. en la pág. 1.
	
62
	Winick & Wexler, supra nota 27, en las págs. 55-67.
	
63
	Albert Bandura & Emilio Ribes Iñesta, Modificación de Conducta. Análisis de la agresión y la delincuencia (citando a Albert Bandura, Análisis del aprendizaje social de la agresión (1975)), https://www.conducteam.com/recursos-libros/modificacion-de-conducta-analisis-de-la-agresion-y-la-delincuencia/ (última visita 16 de diciembre de 2025).
	
64
	Ayllón García, supra nota 48.
	
65
	Id.
	
66
	Id. en la pág. 10.
	
67
	Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, supra nota 18.
	
68
	Ayllón García supra nota 48, en la pág 12.
	
69
	Id.
	
70
	Antonio Duplá, Entrevista con Esther Pascual, Galde (17 de febrero de 2014), https://www.galde.eu/es/entrevista-a-esther-pascual/.
	
71
	Montserrat Gómez Bermúdez & Susana Coco Gutiérrez, Justicia restaurativa: “Mediación en el ámbito penal”, Imotiva (2013), https://www.imotiva.es/revista-de-mediacion/articulos/justicia-restaurativa-mediacion-en-el-ambito-penal/ (última visita 24 de septiembre de 2025).
	
72
	P. Sedano, La Justicia Restaurativa no despega en España por falta de voluntad, Cadena SER (19 de noviembre de 2022), (Entrevista del medio digital Radio Castilla a Virginia Domingo de la Fuente, Presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa España, y coordinadora del Servicio de Justicia Restaurativa en Castilla y León), https://cadenaser.com/castillayleon/2022/11/19/la-justicia-restaurativa-no-despega-en-espana-por-falta-de-voluntad-radio-castilla/.
	
73
	Id.
	
74
	Ponencia de Silvia María Rosales Pedrero, Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, La introducción de la justicia restaurativa en el sistema jurídico penal, Fundación Internacional de Ciencias Penales (2017) (España), https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/03/Rosales-Pedrero.-ComunicaciC n.pdf.
	
75
	Id.
	
76
	Winick & Wexler, supra nota 27.
	
77
	Id.
	
78
	Poder Judicial República de Costa Rica, Justicia Restaurativa se consolida desde la Cooperación Internacional, Poder Judicial República de Costa Rica (2021), https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/component/content/article/660-justiciarestaurativa-se-consolida-desde-la-cooperacion-internacional?catid=8&Itemid =409 (última visita 17 de octubre de 2025).
	
79
	Id.
	
80
	Nimrod Mihael Champo Sánchez, La Justicia Restaurativa en el Derecho Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México 101 (17 de enero de 2020), https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6028/8.pdf.
	
81
	María Maltós Rodríguez, La justicia restaurativa en las leyes “nacionales” mexicanas, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, (marzo 2017) (México), https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5530?show=full&utm_source=chatgpt.com.
	
82
	Id. en la pág. 34.
	
83
	Id. en la pág. 45.
	
84
	Christian Norberto Hernández Aguirre, et al., Importancia de los métodos alternativos de solución de controversias en el sistema penal acusatorio mexicano, Ciencia Jurídica (2015) (Mex.), https://www.researchgate.net/publication/318713881_Importancia_de_los_metodos_alternativos_de_solucion_de_controversias_en_el_sistema_penal_acusatorio_mexicano.
	
85
	Id.
	
86
	Id.
	
87
	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, supra nota 45.
	
88
	Tonche & Umañe, supra nota 24.
	
89
	Andrea Catalina Lobo Romero, La mediación penal como programa de justicia restaurativa en el procedimiento penal colombiano, Cuadernos de Derecho Penal, 16(16), 51-87 (30 de julio de 2016) (Colom.), https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/cuadernosdederechopenal/article/view/681/577.
	
90
	Id.
	
91
	Id.
	
92
	Fabián Enrique Cubillos Álvarez & Gabriel de Jesús Gorjón Gómez, La justicia restaurativa en el proceso penal colombiano y mexicano, 3 Eirene Estud. Paz Conflictos 4 (2020) (Mex.), http://portal.amelica.org/ameli/journal/183/1831801008/.
	
93
	José Luis de la Cuesta Arzamendi, Convivencia pacífica en Euskadi: perspectiva victimológica y de justicia restaurativa, Educ. Soc. 67, 31-46 (2017) (Spain), https://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/viewFile/328495/425607.
	
94
	World Prison Brief et. al., World Prison Brief Data, World Prison Brief, https://www.prisonstudies.org/country/united-states-america (última visita 17 de octubre de 2025).
	
95
	Id.
	
96
	Id.
	
97
	Countries with the largest number of prisoners as of February 2025, Statista (2025), https://www.statista.com/statistics/262962/countries-with-the-most-prisoners-per-100-000-inhabitants/ (última visita 17 de octubre de 2025).
	
98
	Daniel Rivera Vargas, Corrección enumera su población y sus retos en las vistas de transición, Microjuris (25 de noviembre de 2020), https://aldia.microjuris.com/2020/11/25/correccion-enumera-su-poblacion-y-sus-retos-en-las-vistas-de-transicion/.
	
99
	Id.
	
100
	Id.
	
101
	Elynest del Mar Cruz Miranda, Indiferencia Deliberada en las Necesidades Médicas de los Confinados: El Fracaso del Fin Rehabilitador, 52 Rev. Jur. UIPR 1, 110 (2017-2018). (Los datos estadísticos compartidos por esta autora fueron obtenidos de la base de datos de la plataforma digital ““World Prison Brief” del Instituto de Investigación para Política de Crimen y Justicia de la Universidad de Birkbeck en Londres, disponible en https://www.prisonstudies.org/).
	
102
	Id. en la pág. 111.
	
103
	Id.
	
104
	P. del S. 85 de 2 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam. Leg., https://aldia.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/06/Proyecto-del-Senado-85.pdf (última visita 17 de octubre de 2025). (Este enlace nos dirige al texto aprobado el 7 de junio de 2021 en votación final por el Senado para el Proyecto del Senado 85).
	
105
	Id.
	
106
	Id.
	
107
	Id.
	
108
	Bárbara J. Figueroa Rosa, Los números no dan para rehabilitarlos, Primera Hora (20 de octubre de 2019), https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/los-numeros-no-dan-para-rehabilitarlos/.
	
109
	Id.
	
110
	Morales-Feliciano v. Parole Bd. of Puerto Rico, 1989 US App. Lexis 14419. (El autor se refiere a la comentada trilogía de casos sobre reclamo por condiciones infrahumanas existentes en las cárceles para la década de 1970. En lo sucesivo, se presentaron nuevas demandas por violación de los derechos constitucionales de los confinados y por incumplimiento con la sentencia federal impuesta al Gobierno de Puerto Rico en el pleito original). Además, Jessica Velázquez Sotomayor, Justicia Terapéutica: La ruta para hacer valer la Promesa Constitucional de Rehabilitación Criminal en Puerto Rico. 54 Rev. Jur. UIPR 2, 271 et seq. (2019-2020).
	
111
	Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, 24 LPRA § 2404 (Supl. 2025).
	
112
	Id.
	
113
	Id.
	
114
	Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA § 601-64 (Supl. 2025).
	
115
	Id.
	
116
	Id.
	
117
	Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, 34 LPRA § 1026-31 (Supl. 2025).
	
118
	Velázquez Sotomayor, supra nota 9.
	
119
	R.P. Crim. 247, 34 LPRA Ap. II (Supl. 2025).
	
120
	Velázquez, supra nota 9, en la pág. 268-69.
	
121
	R.P. Crim. 247.1, 34 LPRA Ap. II (Supl. 2025).
	
122
	Velázquez, supra nota 9, en la pág. 269.
	
123
	R.P. Crim. 247.2.
	
124
	Ley para añadir una nueva regla 247.2 en las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, a los fines de establecer un denominado ““desvío terapéutico”. Ley Núm. 83 de 19 de marzo de 2018.
	
125
	Id.
	
126
	Winick & Wexler, supra nota 27.
	
127
	Velázquez, supra nota 9, en la pág. 278 (citando a Ana María López Beltrán, Transformación del sistema penal y sus implicaciones éticas: El modelo jurídico terapéutico y las cortes de drogas (2015)).
	
128
	Ley para añadir una nueva Regla 247.2 en las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendada, Ley Núm 83-2018.
	
129
	Id. Además, Velázquez, supra nota 9, en la pág. 279.
	
130
	Primer Congreso sobre Justicia Restaurativa propone una nueva mirada a la rehabilitación penitenciaria, Metro (17 de febrero de 2020), https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/02/17/primer-congreso-justicia-restaurativa-propone-una-nueva-mirada-la-rehabiliacion-penitenciaria.html.
	
131
	Id.
	
132
	Id.
	
133
	Wanda I. Ramos Rosado, Justicia restaurativa: una alternativa necesaria para trabajar el problema de la criminalidad en Puerto Rico, 16 Rev. Umbral UPR 57 (2020).
	
134
	R. de la C. 11 de 4 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam. Leg., https://sutra.oslpr.org/informes/medida/api?medida=137169.
	
135
	P. de la C. 1482 de 13 de septiembre de 2022, 3ra Ses. Ord., 19na Asam. Leg., https://sutra.oslpr.org/informes/medida/api?medida=142871. Además, P. del S. 1054 de 13 de octubre de 2022, 3ra Ses. Ord., 19na Asam. Leg., https://sutra.oslpr.org/informes/medida/api?medida=143058.
	
136
	Ley para Enmendar la Ley Núm. 88 de 1986, Ley de Menores y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores, Ley Núm. 47-2022.
	
137
	Id.
	
138
	Adriana Díaz Tirado, “Me encamino a provocar cambios”: primer confinado en la Escuela de Derecho de la UPR quiere transformar el sistema penal, El Nuevo Día (17 de septiembre de 2024), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/me-encamino-a-provocar-cambios-primer-confinado-en-la-escuela-de-derecho-de-la-upr-quiere-transformar-el-sistema-penal/.
	
139
	Benjamín Torres Gotay, “Uno se siente humano”: confinados son admitidos para estudiar una maestría en la UPR de Río Piedras, El Nuevo Día (13 de diciembre de 2023), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/uno-se-siente-humano-confinados-son-admitidos-para-estudiar-una-maestria-en-la-upr-de-rio-piedras/.
	
140
	Id.
	
141
	Adriana Díaz Tirado, “Ha creado un caos”: confinadas del Hogar Intermedio denuncian trato hostil y obstáculos para estudiar sus maestrías, El Nuevo Día (13 de marzo de 2025), https://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/notas/ha-creado-un-caos-confinadas-del-hogar-intermedio-denuncian-trato-hostil-y-obstaculos-para-estudiar-sus-maestrias/.
	
142
	Frances Rosario, Confinados dan la milla extra y logran grados universitarios, Primera Hora (24 de junio de 2025), https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/confinados-dan-la-milla-extra-y-logran-grados-universitarios/.
	
143
	Carta de Derechos del Estudiante, Ley Núm. 195-2012, según enmendada, 18 LPRA § 1 (Supl. 2025).
	
144
	Ley para enmendar el Artículo 19, de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, Ley Orgánica del Departamento de Salud, enmienda la Ley Núm. 41 de 1991, Ley del Departamento de Estado y las Juntas Examinadoras Adscritas y la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, Expedición de Certificados de Antecedentes Penales, Ley Núm. 3-2025.
	
145
	(En tales casos, la Junta concerniente deberá evaluar individualmente cada solicitud y determinar la elegibilidad del aspirante considerando: (1) los requisitos legales aplicables; (2) la naturaleza del delito, en especial si implica depravación moral o un riesgo a la seguridad pública; (3) si el solicitante se encuentra bajo sentencia probatoria o libertad bajo palabra; y (4) si los antecedentes guardan una relación directa y específica con las funciones inherentes a la profesión solicitada. Esta disposición normativa refleja un cambio en la mentalidad legislativa: se reconoce que el derecho a la educación no se extingue con la reclusión, sino que, por el contrario, debe adaptarse al contexto penitenciario.)
	
146
	Alexandra Acosta Vilanova, Miles acuden a las salas especializadas en salud mental de tribunales, El Vocero de Puerto Rico (12 de mayo de 2025), https://www.elvocero.com/actualidad/video-miles-acuden-a-las-salas-especializadas-en-salud-mental-de-tribunales/article_8b9f711e-b40c-4b38-8402-08a85db4236c.html.
	
147
	Ley de Salud Mental de Puerto Rico, según enmendada, Ley Núm. 408-2000, 24 LPRA § 6152 (Supl. 2025).
	
148
	El Vocero de Puerto Rico, El Tribunal de Utuado ya cuenta con una sala especializada de salud mental (2 de junio de 2022), https://www.elvocero.com/ley-y-orden/justicia/el-tribunal-de-utuado-ya-cuenta-con-una-sala-especializada-de-salud-mental/article_6355c406-e29c-11ec-8357-db1b4211c901.html.
	
149
	El Vocero de Puerto Rico, Gobierno recluta nuevos fiscales para reactivar el programa Drug Court (29 de agosto de 2022), https://www.elvocero.com/ley-y-orden/justicia/gobierno-recluta-nuevos-fiscales-para-reactivar-el-programa-drug-court/article_d3bc600c-27ba-11ed-8ace-2fe3591d3340.html.
	
150
	Lcdo. Erick Vázquez González, Aprueban enmienda a la Regla 240 de Procedimiento Criminal, Microjuris (6 de junio de 2025), https://aldia.microjuris.com/2025/06/06/aprueban-enmienda-a-la-regla-240-de-procedimiento-criminal/.
	
151
	Id.
	
152
	Jorge Luis Jorge Moreu v. El Pueblo de Puerto Rico, 201 DPR 799 (2019).
	
153
	Glorimar Velázquez, ¿Qué proponen para los confinados?, El Vocero (4 de octubre de 2024), https://www.elvocero.com/decision_2024/que-proponen-para-los-confinados/article_67910cd6-81ca-11ef-96e1-6f270b63ebc5.html.
	
154
	Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas, Ley Núm. 91-2025.
	
155
	Notiseis 360, Senado avala proyectos que impactan salud pública, justicia penal y derechos ciudadanos (28 de junio de 2025), https://wipr.prsenado-avala-proyectos-que-impactan-salud-publica-justicia-penal-y-derechos-ciudadanos/.
	
156
	Telemundo PR, Pedro Pierluisi otorga 18 clemencias ejecutivas antes de finalizar el año (30 de diciembre de 2024), https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/pedro-pierluisi-otorga-18-clemencias-ejecutivas-antes-de-finalizar-el-ano1/2676972/.
	
157
	Const. PR art. IV § 4.
	
158
	Francisco A. Borelli Irizarry, Justicia restaurativa: la respuesta apremiante, El Nuevo Día (4 de enero de 2023), https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/justicia-restaurativa-la-respuesta-apremiante/.
	
159
	Id.
	
160
	Id.
	
161
	David B. Wexler, Nuevo vino en nuevas botellas: la necesidad de diseñar un “código” de procesos y prácticas penales desde la perspectiva de la justicia terapéutica, The University of Arizona James E. Rogers College of Law (Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 14-22, (septiembre de 2013) (última revisión 28 de agosto de 2014), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2466124.
	
162
	Id.
	
163
	Cod. Étic. Prof. 4, 4 LPRA Ap. IX, C. 4 (2013).
	
164
	In Re Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico, Resol. ER-2025-02, aprobada el 17 de junio de 2025.
	
165
	Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946.

65 REVDP 211
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